Dos compromisos
Quédate con la idea de que estas recomendaciones abordan dos compromisos principales: con los pensionistas, que verán cómo sus pensiones se revalorizarán con el IPC real (una de las principales reivindicaciones de este colectivo); y con el propio sistema de pensiones, al que se pretende “limpiar” de gastos impropios que venía soportando y que suponían unos 20.000 millones de euros. Entre esos gastos se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento. Unas partidas que, según estas recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Al extraerlos de la Seguridad Social, podría eliminarse el déficit del sistema.
Los mejores años de nuestra vida laboral
Te interesará saber que se mantienen los 15 años como período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión contributiva; también se mantienen los 25 años para calcular la base reguladora de la pensión a percibir. Algo importante a destacar es que se deja la puerta abierta a que asalariados y autónomos puedan elegir “sus mejores años cotizados” para hacer el cálculo final.
Ahorro privado
Uno de los puntos más interesantes de esta nueva reforma se refiere a la decisión de dar un impulso a los planes de pensiones de empresa para aumentar la base de ahorro privado en España, muy por debajo de la media de los países vecinos de la Unión Europea. Resulta que en nuestro país, solo el 26% de la población en edad de trabajar está cubierta por un instrumento de previsión social privado.
Tres pilares complementarios
Desde Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, consideran “absolutamente necesario que los sistemas obligatorios de pensiones (primer pilar) se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales individuales del tercer pilar”, apunta la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. Esta reforma pretende reducir los incentivos a los productos individuales rebajando el límite de deducción fiscal de 8.000 a 2.000 euros frente a los colectivos (empresariales), cuyo límite aumenta de 8.000 a 10.000 euros. Algo muy relevante, ya que el tratamiento fiscal que reciben estos productos de ahorro es clave para fomentarlos.
