Asesoramiento y trámites
De ahí la utilidad de los seguros de defensa jurídica, que cubren los gastos de un asegurado a la hora de intervenir en un procedimiento, ya sea arbitral o judicial. Esta asistencia jurídica no sólo se refiere a llevar a cabo los trámites de una reclamación y de la posterior defensa, sino también a la información y al asesoramiento jurídico para saber en qué situación nos encontramos y conocer qué pasos debemos seguir.
Entre las coberturas básicas de este tipo de seguros estarían la asistencia jurídica telefónica, la gestión documental, la reclamación de daños, tanto corporales como materiales, los contratos sobre cosas muebles, servicios o suministros, la defensa fiscal o los derechos relativos a la vivienda habitual y ocupación ilegal.
Ámbitos específicos
De hecho, existen muchas pólizas de seguros que ya incluyen este tipo de coberturas ya que es habitual que acompañen a los seguros de hogar o a los de alquiler, por ejemplo. No obstante, hay otro tipo de defensa jurídica que se puede contratar aparte y que abarca una mayor variedad de prestaciones o que ofrece esta defensa jurídica en ámbitos mucho más específicos.
Es el caso por ejemplo de la defensa laboral frente a la Administración, la defensa en relación con el servicio doméstico, la prestación por separación o divorcio, mobbing inmobiliario o acoso y agresión sexual. También existen coberturas de defensa jurídica en el ámbito de Internet, por ejemplo, para casos de robo de identidad en Internet: ya es posible contratar una cobertura para la defensa y reclamación de las personas en caso de que se produzca el robo de identidad, así como para otros muchos ciberdelitos específicos.
Cuando este seguro se contrata de forma específica, lo habitual es que el asegurado pueda designar a sus propios abogados y procuradores, asumiendo la aseguradora sus minutas hasta los límites pactados en la póliza.
Exclusiones
Eso sí, es importante tener en cuenta que están excluidos de las coberturas de defensa jurídica el pago de multas, indemnizaciones o cualquier gasto originado por sanciones impuestas al asegurado por las autoridades administrativas o judiciales.
