¿Tienes un móvil? Ya estás expuesto
De hecho, los expertos consideran que hoy en día es más fácil que un pequeño negocio sufra un ciberataque que un robo, un incendio o una inundación. Los hackers saben que las pymes son las más vulnerables. Basta con que el pequeño empresario en cuestión cuente con un móvil donde guarde información relativa al negocio, clientes, cuentas, proveedores… Esa suele ser la principal vía de entrada para las infecciones de equipos, accesos no autorizados, fraudes, bloqueo de sistemas, secuestros, publicación de datos…
Daños devastadores
Los daños pueden ser devastadores: en seis de cada diez casos, un ataque de este tipo hace que un pequeño negocio no pueda volver a levantar la persiana. El coste medio que una pyme ha de dedicar a recuperarse tras haber sido víctima de estos piratas puede llegar a los 80.000 euros.
A peor desde el confinamiento
Y, sin embargo, con este panorama -que no ha hecho sino empeorar durante el periodo de confinamiento (más teletrabajo desde casa con equipos no siempre protegidos, más intercambio de información a través de la Red, etc.), es paradójico que muchas pymes tengan un seguro de responsabilidad civil o de daños para proteger su patrimonio frente a otros imprevistos pero no se hayan planteado cubrirse frente a los ciberataques.
¿Cómo ayuda un ciberseguro?
Las aseguradoras intervienen desde el primer momento y ponen a disposición del asegurado un servicio de expertos informáticos para solucionar el incidente (acceden a los sistemas, recuperan datos, eliminan software malicioso, etc.). En caso de que se haya producido un secuestro de información, la compañía se hará cargo del rescate para liberar los datos. Si el ataque ha producido daños a terceros, por ejemplo a clientes o proveedores, el ciberseguro también responderá, así como por la pérdida de ingresos que se haya podido sufrir durante el ataque.
Cuestiones jurídicas
Además de la parte técnica, las aseguradoras también ponen en marcha la cuestión jurídica y legal: cuando se produce una fuga de información sobre terceros, esta debe comunicarse a la Agencia de Protección de Datos en un plazo de tiempo de 72 horas, de lo contrario el pequeño empresario podría tener que afrontar, además, las pertinentes sanciones administrativas.