No obstante, aún existen muchas creencias erróneas planeando sobre esta cuestión. Por ejemplo, se tiende a pensar que son solo las grandes industrias las que pueden generar un daño a la Naturaleza lo suficientemente importante como para tener que contratar un seguro de este tipo. Sin embargo, lo cierto es que cualquier profesional o persona física o jurídica que ejerza una actividad económica está sujeto a esta responsabilidad. Por ello, y para clarificar conceptos, lo primero que debemos saber es a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de “daño ambiental”:
¿Qué es el daño ambiental?
Se trata de cualquier daño significativo que se cause al suelo, agua, franja costera, así como a los espacios y hábitats silvestres protegidos. Es decir, este daño no sólo se refiere a la contaminación que puede producir una industria -como habitualmente suele considerarse-, sino que puede estar relacionado con un incendio, con la alteración de una capa freática, con unos residuos mal gestionados, olores, manchas, etc…
Obviamente existen actividades que tienen un riesgo más elevado que otras de producir este tipo de daños. Por eso la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental indica en qué casos determinadas actividades están obligadas a contratar un seguro que cubra estos posibles daños: gestoras de residuos; vertederos; empresas de tratamiento de aguas; dedicadas al transporte de materias peligrosas o industrias extractivas, entre otras muchas.
Reparar, restaurar, reemplazar, evitar y prevenir
Los seguros medioambientales no solo se encargan de reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales dañados, sino que ofrecen medidas de evitación y de prevención. Es decir, una vez producido el daño medioambiental, la compañía aseguradora adopta todas las medidas necesarias para impedir que los daños vayan a más. Además, las aseguradoras asesoran a las empresas clientes para prevenir que se pueda producir cualquier tipo de daño al medioambiente.
Cuando las empresas no pueden hacer frente al requerimiento de solvencia de la administración competente pueden llegar a perder la autorización administrativa para continuar ejerciendo su actividad económica e, incluso, han de responder de manera ilimitada con su patrimonio personal presente y futuro. Contar con un seguro de este tipo supone una protección adicional para poder continuar con la actividad respetando el entorno.
